Sufrir dificultades de audición en España significa tener que vencer continuas barreras de comunicación que a ojos del común de las personas pueden parecer insignificantes. Por ello, el movimiento asociativo representativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas venía reivindicando desde hace décadas una norma de alcance nacional que propiciara el acceso a la información y a la comunicación de tal colectivo, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo.
Ha tenido que ser, precisamente, el pasado viernes 13 de enero cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha firmado el proyecto de ley de la lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación, una ley llamada a convertirse en auténtico revulsivo para lograr la plena integración social de todos los que sufren este tipo de discapacidad. Es de esperar que esta ley también tenga consecuencias muy positivas en lo que atañe a las actividades relacionadas con la difusión, aprendizaje y comunicación en la lengua de signos.
Cuando entre en vigor, la norma reconocerá la lengua de signos española como lengua de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla, y así también reconocerá y regulará su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, la ley establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Por lo que se refiere al aprendizaje, el proyecto de ley establece que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para promover el aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordociego que libremente haya optado por esta lengua. En caso de que esta persona sea menor de edad o esté incapacitada, la elección corresponderá a los padres o representantes legales. Además, se garantizará el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de estos sistemas.
Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación, la administración educativa competente determinará las titulaciones considere oportunas. En cuanto al uso, la norma facilitará a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos públicos y privados, particularmente en educación, formación y empleo, en transportes, en medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información, entre otros.
Por otra parte, el proyecto de ley establece también la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. La finalidad de este organismo será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. El citado organismo estará compuesto por profesionales expertos en lengua de signos española y en sociolingüística, y desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias, usuarias de la lengua de signos española.
Además, el Gobierno creará en el Real Patronato sobre Discapacidad el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Por último, el texto también reconoce la existencia de la lengua de signos catalana (junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda signante en nuestro país) en su ámbito de uso.
Multa de hasta 1 millón de € por discriminar a un discapacitado
Ese mismo día, el Consejo de Ministros dio luz verde a otro proyecto de ley no menos trascendental, tal es el de infracciones y sanciones en materia de igualdad de las personas con discapacidad. Nada menos que hasta con un millón de euros puede ser sancionado un acto de discriminación hacia personas con discapacidad. Por otro lado, la mínima sanción se situaría en 301 euros. En todo caso, la cuantía de la sanción dependerá de la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.
Se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor. Las infracciones serán "leves", "graves" o "muy graves", según la gravedad de los hechos punibles.
En suma, la nueva ley tiene como objetivo establecer un régimen sancionador eficaz ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Viene respaldado por el movimiento asociativo español de la discapacidad y sus familias, y muy en especial por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha participado en su elaboración, y por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que ha informado favorablemente.
